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La Transición Justa

Nuestra Función

El Gobierno de España aprobó, en febrero de 2019, el Marco Estratégico de Energía y Clima a través del cual se pondrán en marcha medidas que faciliten el cambio hacia un modelo económico sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Este Marco Estratégico se estructura en tres pilares: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y la Estrategia de Transición Justa.

Estos tres elementos permitirán que España cuente con un marco estratégico sólido y estable para la descarbonización de su economía: el anteproyecto de ley ofrece una hoja de ruta eficiente para las próximas décadas; el PNIEC sienta las bases para la descarbonización durante el periodo 2021-2030 y en coherencia con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa es una estrategia de acompañamiento solidario  para asegurar que las personas y los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición ecológica sin que nadie se quede atrás.

Dos de los elementos del marco aumentan de manera significativa la ambición climática de España.

Por un lado, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) plantea que el sistema eléctrico sea 100% renovable y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía en el año 2050.

Por otro lado, el borrador del PNIEC que se ha remitido a Bruselas plantea una reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 respecto al nivel de 1990. Proporcionalmente se trata de un esfuerzo de mitigación muy superior al actual objetivo de la Unión Europea, que se sitúa en el 40%, y se encuentra alineado con la horquilla del 50-55% al que se encamina la UE. Además, el borrador del PNIEC contempla alcanzar en el año 2030 un 42% del consumo de energías renovables sobre el consumo de energía final, lo que implica duplicar la cifra que se espera alcanzar este año 2020. En el caso de generación eléctrica, el porcentaje de renovables sería del 74%. La eficiencia energética del país mejoraría un 39,5% durante la década 2021-2030.

Las oportunidades que se van a generar con este ambicioso aumento de objetivos son numerosas:

  • la movilización de 241.000 millones de euros a lo largo de la próxima década procedentes de la inversión privada, pública y mixta. 
  • el ahorro de aproximadamente 67.000 millones de euros hasta 2030 por la reducción de la importación de combustibles fósiles, lo que mejorará además la seguridad energética.
  • el crecimiento entre 16.500 y 25.700 millones de euros anuales del PIB entre 2021 y 2030, lo que supondrá 1,8 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PIB en 2030 respecto a un escenario sin plan.
  • el efecto positivo en el empleo, ya que se generarán entre 253.000 y 348.000 puestos de trabajo en la próxima década, sobre todo en la industria manufacturera y la construcción.
  • la revitalización económica de zonas en despoblamiento, como consecuencia de la creación de empleo verde en esos territorios, contribuyendo así a afrontar el reto demográfico de la reducción en torno a un 27% del número de muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica.

El tercer elemento del Marco busca maximizar las ganancias sociales de la transformación ecológica y mitigar los impactos negativos de esta transición ecológica. Se articula en esta Estrategia de Transición Justa.

Contexto Internacional

La transición justa es el marco de acción propuesto por la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas contra el cambio climático, para maximizar beneficios en la actividad y el empleo y minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización.

En 2015, el Acuerdo de París reconoció que la implementación de las políticas, debería tener en cuenta “los imperativos de una transición justa en el mundo del trabajo y la creación de trabajo decente y empleo de calidad”. Este marco fue iniciado por las organizaciones sindicales que, a cambio de comprometerse en la defensa de la acción climática, pedían el acompañamiento de la acción con ciertas garantías socio-laborales, para que los cambios no se produjeran a costa de los trabajadores. Sobre la base de estas demandas, las Directrices de la OIT para una transición justa ofrecen un marco que los países pueden utilizar, adoptado a través del consenso, para guiar la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono.

El gobierno de España y la OIT firmaron en julio de 2018, un marco de asociación estratégica para implementar las Directrices sobre Transición Justa de la OIT, (aprobadas por gobiernos, organizaciones sindicales y empresariales), como marco orientador y herramienta práctica de acción, de la que la Estrategia Nacional de Transición Justa sería el primer elemento.